Con esta medida el Gobierno pretende proteger a los colectivos más vulnerables afectados por la pandemia que sacude al país

El máximo organismo gubernamental prevé aprobar una moratoria en el pago de las hipotecas. Se aplicará sobre aquella población que haya sufrido una pérdida significativa de sus ingresos debido a la crisis del coronavirus. Se trata de una medida que se contempla en el marco del paquete de instrumentos de protección social que ha ideado el Ejecutivo. Busca minimizar el impacto económico y la destrucción de empleos ocasionados por la pandemia que golpea al país y por la declaración del Estado de alarma.

¿A quién va dirigida la moratoria?

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha sido la encargada de idear esta medida dirigida al colectivo considerado más vulnerable frente a las consecuencias económicas que acarrea la crisis sanitaria. La situación de vulnerabilidad se valorará a través de la renta y la situación familiar. Por consiguiente, se podrán beneficiar de ella todos aquellos trabajadores que hayan sido despedidos o sufran una disminución notoria de ingresos en sus negocios. Por otro lado, también podrán aplicar la medida aquellas personas cuyas cuotas hipotecarias, gastos y suministros básicos, resulten superiores o iguales al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de miembros de la familia. Y que, a consecuencia de la emergencia sanitaria hayan sufrido un descenso significativo de su patrimonio, en términos de acceso a la vivienda entre otros.

Medida dinámica

Se trata de una moratoria vinculada a la excepcionalidad de la situación. Así pues será operativa el tiempo que dure el escenario actual. Por otro lado, y en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ninguna persona en situación de debilidad será desahuciada mientras dure esta crisis”. En todo caso, el Gobierno confía en que la crisis no se alargue más de un trimestre. Explica, además, que se irá actuando en función de la evolución de la situación. De esta manera, Moncloa imita una medida aprobada hace unos días en Italia. Allí el gobierno italiano ha demorado la devolución del crédito que, es este caso, se amplía también a las pymes y los autónomos. Por otro lado, no es la primera vez que el Gobierno español se ve obligado a aprobar una medida de este calibre. A finales del 2012, el por entonces ministro de economía, Luis de Guindos aprobó una moratoria hipotecaria, con el apoyo de la banca, para frenar desahucios ocasionados por la crisis financiera.

La banca pide garantías

Las entidades bancarias piden que la medida comporte una relajación de la regulación actual que les obliga a provisionar el aumento de la morosidad tras el impago de tres cuotas hipotecarias, por considerarlo crédito dudoso. Por otro lado, las propias entidades habían planteado alternativas a esta moratoria. Como una refinanciación de las hipotecas con aval estatal o la creación de crédito puente para cubrir los impagos. Finalmente, estas propuestas fueron descartadas por el Gobierno.

Suministros garantizados además de la moratoria

El real decreto anunciado por Pedro Sánchez también incluye la garantía de prestación de suministros básicos a las familias más afectadas. Por lo que el Gobierno garantiza los servicios de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones durante el Estado de alarma.